Por qué la UE multa a las grandes tecnológicas: el DSA explicado

Una multa europea a una plataforma no siempre tiene que ver con competencia ni con privacidad. El Reglamento de Servicios Digitales, conocido como DSA, fija obligaciones sobre contenidos ilegales, publicidad, transparencia y riesgos para los usuarios. La Comisión puede sancionar su incumplimiento, pero abrir una investigación no significa que la infracción ya esté probada: estas son las reglas y lo que cambia para ti.

¿Qué controla el DSA y a quién se aplica?

El DSA regula servicios intermediarios que conectan a personas con información, productos u otros usuarios. Incluye plataformas de compraventa, redes sociales y otros servicios online, con obligaciones proporcionales al tipo de actividad y al tamaño. Su aplicación general comenzó el 17 de febrero de 2024, según la Comisión Europea.

Las plataformas y los buscadores de muy gran tamaño tienen exigencias adicionales. La Comisión los designa a partir de su número de usuarios: el umbral es de 45 millones de destinatarios activos mensuales en la UE. Alcanzar esa escala implica analizar riesgos que van más allá de una publicación concreta.

Entre esos riesgos están la difusión de contenidos ilegales y los efectos sobre derechos fundamentales, menores, salud pública o procesos electorales. La obligación no consiste solo en reaccionar cuando alguien denuncia algo. Los grandes servicios deben evaluar los riesgos asociados a su funcionamiento y adoptar medidas para reducirlos.

¿Qué puede hacer la UE antes de imponer una multa?

La Comisión dispone de herramientas para pedir información, acceder a datos y algoritmos en el marco de su supervisión y realizar inspecciones. Si mantiene sospechas de incumplimiento, puede abrir un procedimiento. Esa apertura es una fase de investigación, no una condena ni una sanción automática.

Antes de adoptar una decisión de incumplimiento o imponer determinadas sanciones, debe dar a la empresa la oportunidad de responder a sus conclusiones preliminares. Cuando acredita una infracción, puede ordenar medidas correctoras y fijar un plazo para aplicarlas. Las decisiones pueden recurrirse ante los tribunales de la UE.

La supervisión se reparte con los coordinadores nacionales de servicios digitales. La Comisión se ocupa especialmente de las obligaciones adicionales de los servicios de muy gran tamaño, mientras que las autoridades nacionales tienen sus propias competencias de control. No todas las actuaciones que afectan a una plataforma salen del mismo organismo ni del mismo reglamento.

¿La sanción es siempre el 6% de la facturación?

No. El 6% del volumen de negocio anual mundial es el máximo previsto para las multas por los incumplimientos a los que se refiere el marco de aplicación del DSA, no una tarifa fija. La Comisión explica que el importe debe ser proporcional y tener en cuenta la naturaleza, gravedad, reiteración y duración de la infracción.

Además de las multas, el reglamento contempla pagos periódicos para exigir que se cumplan determinadas medidas. No conviene sumar esos porcentajes a una noticia sin saber qué decisión se ha adoptado. Una solicitud de información, unas conclusiones preliminares y una decisión de multa son pasos distintos.

¿Qué muestra el caso de X?

El 5 de diciembre de 2025, la Comisión anunció una multa de 120 millones de euros a X por incumplimientos de transparencia. La comunicación oficial los agrupó en el diseño engañoso de la marca azul, las deficiencias del repositorio publicitario y las barreras al acceso de investigadores a datos públicos.

En el caso de la marca azul, la objeción no era que toda plataforma estuviera obligada a verificar la identidad de sus usuarios. La Comisión sostuvo que vender una apariencia de verificación sin comprobar de forma significativa quién estaba detrás podía engañar a quienes veían la cuenta. Esa diferencia explica por qué el diseño de una función también puede importar bajo el DSA.

El ejemplo no significa que cualquier investigación sobre otra empresa haya acabado en multa. Para entender cada caso hay que leer qué obligaciones se consideran incumplidas y en qué fase está el procedimiento. El importe de X tampoco convierte el máximo del 6% en la sanción aplicada a todas las plataformas.

¿Qué derechos puedes usar y qué no es el DSA?

La Comisión resume derechos prácticos como denunciar contenidos ilegales de forma sencilla, recibir motivos cuando se retira o restringe contenido y recurrir decisiones de moderación por las vías previstas. También exige transparencia sobre los anuncios. En los grandes servicios debe existir una opción de recomendación que no se base en elaborar un perfil del usuario.

El reglamento prohíbe dirigir anuncios a menores mediante perfiles y usar categorías sensibles de datos para orientar publicidad. Esas protecciones no significan que desaparezcan todos los anuncios ni que cualquier publicación que te moleste sea ilegal. Conviene distinguir entre una infracción de la ley y una decisión basada en las normas de una plataforma.

El DSA tampoco es el Reglamento de Mercados Digitales o DMA. Este último se centra en los llamados guardianes de acceso y en unas condiciones de competencia más abiertas en los mercados digitales. Cuando leas que Bruselas investiga a una tecnológica, comprueba primero la norma, la conducta y la fase: son las tres pistas que evitan confundir una sospecha con una multa.

Fuentes: Comisión Europea: Reglamento de Servicios Digitales; grandes plataformas y buscadores; investigación y sanciones; multa de 120 millones a X; derechos y diferencias con el DMA. Consultadas el 3 de noviembre de 2026.