El Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, ya está publicado en el BOE del 4 de noviembre y ha entrado en vigor ese mismo día. La norma establece una ayuda directa de 72.121,46 euros por persona fallecida en el accidente ferroviario de Urda y permite solicitar un anticipo de responsabilidad civil por el mismo importe. Son dos conceptos distintos: el anticipo se descuenta de la indemnización por responsabilidad civil que finalmente corresponda.
Las cuantías que fija el decreto
La ayuda directa por fallecimiento es de 72.121,46 euros por persona fallecida, no por cada familiar beneficiario. Por lesiones corporales, las cantidades van de 2.404,04 a 84.141,70 euros, según las catorce categorías del baremo que recoge el artículo 3.
Las ayudas directas son no reembolsables por las víctimas y están exentas de IRPF. El artículo 6 establece su compatibilidad con otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad y con las indemnizaciones previstas en la normativa ferroviaria y de seguros aplicable.
El anticipo no duplica la indemnización final
El anticipo no es otra indemnización que pueda sumarse después íntegramente al mismo concepto. El Estado se subroga en los derechos de crédito de la persona beneficiaria hasta el importe anticipado. Si la indemnización por responsabilidad civil finalmente reconocida es superior al anticipo, la persona beneficiaria recibe lo que exceda de este. Si es inferior, no tiene que devolver la diferencia.
Hay solicitud: el plazo se vincula a una resolución
El artículo 4 prevé que una resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible establezca el procedimiento de solicitud y gestión. El plazo para presentar las solicitudes será de tres meses desde la publicación de esa resolución, con posibilidad de ampliación por causas justificadas. No se cuenta desde la publicación del real decreto-ley. Para presentar una solicitud habrá que seguir el procedimiento que establezca esa resolución.
Quién recibe la ayuda por fallecimiento
La norma incluye a quienes fueran viajeros, maquinistas, personal en formación o personal de a bordo de los trenes siniestrados. En caso de fallecimiento, pueden concurrir el cónyuge o pareja que cumpla los requisitos de convivencia y los hijos de la persona fallecida y los hijos de su cónyuge o pareja que cumplan las condiciones del artículo 2. Cuando concurren ambos grupos, la ayuda se divide en dos mitades: una para el cónyuge o pareja y otra para los hijos beneficiarios, repartida entre ellos por partes iguales. A falta de esos beneficiarios, se aplica el orden de padres, ascendientes de segundo grado y hermanos. No es correcto describirlo como un turno en el que los hijos solo cobran si no hay pareja.
Oficinas para acompañar a los afectados
El decreto crea oficinas de atención integral a las víctimas a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Su función es facilitar información, solicitudes y tramitación. Esa asistencia no convierte las ayudas en un pago automático sin solicitud.
La referencia para los importes y el procedimiento es el texto publicado en el BOE. La rueda de prensa del Consejo de Ministros anunció un paquete de unos 30 millones de euros entre ayudas y anticipos, pero no sustituye las condiciones que establece la norma.
Fuentes
- BOE: Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, artículos 2 a 7, disposición adicional primera, disposición adicional segunda y disposición final cuarta.
- La Moncloa: Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2026.
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